Portugal aprueba ley que permite revocar nacionalidad a condenados por delitos graves
El Parlamento de Portugal aprobó este martes una reforma al Código Penal que permitirá revocar la nacionalidad portuguesa a personas condenadas por delitos graves, un cambio que marca un giro significativo en la legislación del país.
La propuesta, impulsada por la coalición conservadora encabezada por el Partido Socialdemócrata (PSD) del primer ministro Luís Montenegro, contó con el respaldo del CDS–Partido Popular, el partido ultraderechista Chega y la formación liberal Iniciativa Liberal. La ley fue aprobada con 157 votos a favor y 64 en contra, superando ampliamente los dos tercios necesarios para su aprobación.
La norma establece que los jueces podrán imponer la pérdida de nacionalidad como pena accesoria a quienes reciban una condena de prisión efectiva de cuatro años o más. Esta medida se aplicará únicamente a personas con doble nacionalidad que hayan adquirido la portuguesa en los últimos diez años, con el objetivo de evitar que alguien quede en situación de apatridia.
Asimismo, la ley contempla que quienes pierdan la nacionalidad solo podrán solicitar su recuperación diez años después de cumplir su condena.
Reacciones y controversia
El primer ministro Montenegro defendió la reforma, subrayando que refleja “la voluntad política del pueblo portugués” y que su gobierno actúa para resolver problemas concretos, independientemente de las etiquetas partidarias. Sobre posibles impugnaciones, aseguró que respetarán cualquier decisión del presidente Marcelo Rebelo de Sousa o del Tribunal Constitucional.
La oposición, encabezada por el Partido Socialista (PS), criticó la medida, alertando sobre posibles usos discriminatorios contra inmigrantes naturalizados. Juristas y organizaciones de derechos humanos han advertido que la ley podría contravenir principios del derecho internacional que limitan la revocación de la nacionalidad como sanción punitiva.
Si se promulga, Portugal se sumará a un grupo reducido de países europeos, como Francia, Reino Unido y Dinamarca, que permiten retirar la nacionalidad en casos graves, aunque la legislación portuguesa amplía su aplicación a delitos más allá de terrorismo o amenazas a la seguridad nacional, reavivando el debate sobre los límites de las sanciones penales y la igualdad ante la ley.
Fuente: La Tercera