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Microsoft tomó una decisión inusual al interrumpir parcialmente los servicios en la nube para la Unidad 8200 del ejército israelí, responsable de inteligencia cibernética. Según investigaciones de The Guardian y otros medios, la plataforma Azure se utilizaba para almacenar y procesar masivamente llamadas de población civil en Palestina. La compañía mantiene contratos con el gobierno israelí, pero este movimiento marca un distanciamiento significativo.
La medida ha intensificado un debate de larga data sobre el papel de las grandes tecnológicas en conflictos internacionales. Google y Amazon, involucradas en el Proyecto Nimbus —un acuerdo de servicios en la nube con el Ministerio de Defensa de Israel— han enfrentado protestas internas y despidos por la presión de empleados críticos.
El impacto de la decisión de Microsoft se refleja en medios locales israelíes. Ynet señaló que el anuncio generó temores sobre un posible boicot tecnológico, y expertos en ciberdefensa admitieron que no anticipaban que esta contingencia ocurriera tan pronto. La politóloga Tehilla Shwartz Altshuler advirtió que la suspensión de servicios podría afectar la seguridad nacional de Israel, ya que la capacidad de desconectar los sistemas recae fuera del país, en California.
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y el American Friends Service Committee, calificaron la acción como un precedente. Para Amnistía, envía un mensaje claro a otras compañías sobre la necesidad de evaluar sus vínculos con gobiernos involucrados en violaciones de derechos humanos.
Israel ha sido históricamente un semillero de empresas tecnológicas, muchas de ellas derivadas de la Unidad 8200. Compañías de Silicon Valley mantienen operaciones y centros de investigación en el país, lo que hace que la decisión de Microsoft tenga un efecto simbólico y práctico sobre la relación entre tecnología y defensa.
El movimiento ha sido impulsado en parte por la presión interna de empleados. Campañas como No Azure for Apartheid, inspiradas en iniciativas similares en Google y Amazon, exigen el fin de contratos con el ejército israelí. Este tipo de movilización demuestra que la presión social e inversora puede generar cambios en empresas globales y resalta las responsabilidades de las corporaciones frente a los derechos humanos.
Analistas advierten que la decisión de Microsoft podría abrir la puerta a mecanismos de rendición de cuentas y afectar la reputación de compañías tecnológicas que colaboren con gobiernos implicados en violaciones de derechos fundamentales. Según Erika Guevara, directora de investigación de Amnistía Internacional, “cada nueva evidencia obliga a las empresas a tomar medidas y a asumir sus obligaciones internacionales”.
Fuente: El País